El Gobierno evalúa el cierre de hasta diez empresas estatales
La administración de Rodrigo Paz está llevando a cabo una revisión exhaustiva del aparato empresarial estatal, analizando la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar entre ocho y diez empresas que no sean viables. Esta medida forma parte de un proceso de evaluación que se realiza a través del Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que se realizarán diagnósticos técnicos en cada una de las empresas para evaluar su sostenibilidad y determinar cuáles son una carga para las finanzas del Estado. Gracias a un acuerdo aprobado en el PGE Reformulado 2026, el Gobierno tiene la facultad de iniciar procesos de reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas del nivel central.
La situación económica de muchas de estas empresas ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas. La OFEP ha detectado que 15 entidades enfrentan quiebra técnica, acumulando pérdidas que ascienden a aproximadamente Bs 3.637 millones. Entre las identificadas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Además, el presupuesto general del Estado contempla una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas públicas, formando parte de una estrategia para disminuir el déficit fiscal. Espinoza enfatizó que el propósito no es cerrar empresas de manera arbitraria, sino encontrar la opción más beneficiosa, que puede incluir la reestructuración, la transferencia a otros niveles de gobierno, asociaciones con el sector privado o, en última instancia, su liquidación.
Un caso particular que está siendo examinado es el de una empresa estatal en El Alto que produce papas fritas. Dependiendo de los resultados de la evaluación, esta empresa podría ser cerrada, transferida a otra entidad o asociada bajo un esquema de colaboración público-privada.
Con estas acciones, el Gobierno busca reducir una estructura empresarial estatal que, en años anteriores, ha representado un importante gasto para las arcas públicas, exigiendo a las empresas demostrar su capacidad de operar sin ser una carga para el Estado.
