El narcotráfico se ha arraigado en Bolivia
Durante mucho tiempo, se creía que la violencia extrema era un fenómeno ajeno a Bolivia, que solo servía como un corredor para el tráfico de drogas. Sin embargo, esta percepción ha cambiado drásticamente. La realidad actual muestra un panorama marcado por balaceras en la vía pública, ajustes de cuentas y robos violentos, que han reemplazado la tranquilidad que alguna vez fue parte del día a día de los bolivianos. Este problema no surgió de la noche a la mañana ni es responsabilidad exclusiva de una gestión gubernamental; es el resultado de un modelo que, entre 2006 y 2026, permitió el crecimiento de una economía criminal que se ha desarrollado casi sin oposición. Así, Bolivia ha dejado de ser solo un espacio de tránsito para convertirse en un centro de producción y exportación de cocaína.
La ubicación geográfica del país, que podría considerarse una ventaja para el comercio y la integración, se ha vuelto un aliciente para grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En regiones fronterizas como San Matías, la escasa presencia del Estado ha facilitado la disputa por rutas hacia Mato Grosso y São Paulo. Los eventos violentos de este año evidencian que el problema ya no es silencioso: se han registrado cuerpos decapitados en Yapacaní, policías asesinados cuyos cuerpos han sido llevados por sus agresores, y un sicariato que se ha normalizado en las noticias diarias.
Las cifras son reveladoras: Bolivia cuenta con aproximadamente 40.000 hectáreas de cultivos de coca, casi el doble de las 22.000 hectáreas que la ley permite. Esta expansión ha llevado a una capacidad estimada de producción de 300 toneladas métricas de cocaína al año. El propio gobierno ha reconocido que la efectividad en la interdicción de drogas no supera el 10%. Pero el desafío no radica solo en los recursos disponibles. Un informe de la Fundación Milenio señala que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en cuerpos de seguridad y en el sistema judicial, creando un entorno de impunidad que protege a las grandes redes delictivas.
La reciente adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas y la reactivación de la cooperación con la DEA y la INL, tras más de diez años de distanciamiento, reflejan un reconocimiento de la difícil situación: el Estado ya no puede enfrentar solo a organizaciones que poseen una mayor capacidad financiera, tecnológica y logística. La implementación de un intercambio constante de inteligencia y las evaluaciones de polígrafo para las unidades antinarcóticos buscan restaurar una institucionalidad cuya credibilidad se ha visto menoscabada a lo largo de los años.
La detención y extradición de Sebastián Marset, custodiado por autoridades estadounidenses, representa un cambio significativo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, sería erróneo pensar que un solo operativo resolverá un problema que ha sido forjado durante décadas. El narcotráfico no solo se limita al tráfico de cocaína; también compra silencios, corrompe instituciones, financia estructuras de poder y ocupa los espacios que el Estado ha dejado vacíos. La discusión actual no debería centrarse únicamente en la cantidad de drogas que se incautan, sino en el territorio, la autoridad y la legitimidad que la democracia está perdiendo frente al crimen organizado. La pérdida de control sobre el miedo, que ahora es gestionado por las mafias, pone en riesgo no solo la seguridad pública, sino la propia existencia del Estado como tal.
