Gobierno evalúa posible extensión del estado de excepción ante bloqueos persistentes
El Gobierno de Rodrigo Paz ha puesto sobre la mesa la posibilidad de extender el estado de excepción que actualmente rige en Bolivia, dado el aumento de bloqueos y la amenaza de nuevas protestas contra el Decreto Supremo 5676, el cual se relaciona con la regulación de precios y subsidios de combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si los bloqueos continúan obstaculizando la libre circulación, el Gobierno podría considerar esta opción. La intención es evitar que se repitan los conflictos que se vivieron entre mayo y junio, donde los bloqueos duraron varias semanas, afectando seriamente el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, aclaró que la ampliación del estado de excepción no es una prioridad inmediata en este momento. Afirmó que el estado de excepción vigente debe ser cumplido y que las autoridades están facultadas para imponer sanciones a quienes realicen bloqueos en rutas.
Este estado de excepción fue declarado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, con una vigencia de 90 días, lo que implica que su duración se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier decisión de extenderlo requeriría la autorización de la Asamblea Legislativa, conforme a lo indicado por expertos en interpretación constitucional.
La discusión sobre la posible ampliación ha cobrado fuerza tras el resurgimiento de bloqueos y nuevos llamados a la movilización. Uno de los focos de conflicto se encuentra en el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores mantienen bloqueos desde hace tres días, exigiendo la liberación de detenidos entre otras demandas.
Desde la oposición, algunos legisladores han criticado al Gobierno, sugiriendo que primero debe garantizar el cumplimiento del estado de excepción actual antes de proponer su extensión. Al mismo tiempo, miembros del oficialismo están promoviendo una propuesta para extenderlo por seis meses, citando la posibilidad de nuevos conflictos sociales.
El estado de excepción es una herramienta temporal y, por sí sola, no resuelve las causas estructurales de la conflictividad.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió sobre la necesidad de priorizar el diálogo y abordar las demandas que pueden desencadenar nuevas protestas. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la puerta abierta a la posibilidad de extender el estado de excepción, aunque aún no hay una decisión firme al respecto. La definición dependerá de cómo evolucione la situación de los bloqueos y movilizaciones en las semanas siguientes, así como de los procedimientos legales para una posible prórroga.
