Gobierno y Gobernadores Avanzan en la Agenda 50/50 para Reforzar Autonomías Departamentales
Este miércoles, en la ciudad de Sucre, se llevó a cabo la firma del Acuerdo 001/2026 entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores de Bolivia. Este acuerdo da inicio a la Agenda 50/50, una estrategia orientada a fortalecer las autonomías departamentales a través de reformas en la distribución de recursos, el sistema tributario y la gestión del presupuesto.
Uno de los puntos destacados del acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que tendrá la tarea de elaborar una nueva Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. La intención es llegar a consensos en la actual gestión legislativa para implementar el nuevo sistema a partir del año fiscal 2027.
Además, el pacto incluye la revisión de mecanismos que permitan ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto abarca la posibilidad de reclasificar impuestos actualmente controlados por el gobierno central, así como la creación de nuevos tributos dentro del marco constitucional. También se contempla la modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos, con un plazo de 90 días para la redacción del proyecto.
En términos de gestión presupuestaria, se acordó analizar y modificar las normativas que condicionan el uso de los fondos departamentales, buscando eliminar progresivamente aquellas que financian obligaciones del gobierno central o de entidades que ya no existen. Asimismo, se explorarán alternativas para que las gobernaciones puedan tener una mayor incidencia en la elaboración de sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.
La revisión de competencias también forma parte del acuerdo, que incluye la evaluación de normativas que hayan limitado las atribuciones constitucionales de los gobiernos departamentales, así como ajustes en las transferencias fiscales basadas en criterios de sostenibilidad y equidad.
La Agenda 50/50 propone además facilitar la formación de alianzas público-privadas por parte de las gobernaciones, modificar la Ley 699 para fortalecer los vínculos internacionales y analizar la creación de fondos de compensación. También se busca transferir progresivamente instituciones públicas que puedan ser administradas a nivel departamental y establecer medidas de alivio financiero, como la reprogramación de deudas.
Para llevar adelante estos compromisos, el Gobierno nacional se compromete a brindar apoyo técnico a las entidades territoriales, mientras que los gobernadores deberán aportar sus propuestas para construir un marco consensuado. Además, se anunció que se llevarán a cabo reuniones inclusivas con municipios, autonomías indígenas y el Gobierno Regional del Chaco, con el objetivo de integrar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
