Intervención estatal a YPFB por deficiencias operativas
El Gobierno ha decidido llevar a cabo una intervención temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días, debido a problemas en sus operaciones que afectan la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
Esta resolución se formalizó a través del Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. La normativa establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, la cual se encargará de supervisar la gestión de YPFB durante la duración de la intervención.
El decreto contempla que, si es necesario, el plazo de intervención podrá extenderse excepcionalmente una única vez por 90 días, a través de una resolución del Ministro de Hidrocarburos, en caso de que persistan los problemas que motivaron la intervención. Por otra parte, la intervención puede finalizar antes de los 180 días si se corrigen las deficiencias que llevaron a esta medida.
Las razones que fundamentan esta intervención son las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", las cuales representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.
La Comisión de Intervención estará conformada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como por el Viceministro de Transparencia. Su trabajo se centrará en mejorar la comercialización, la logística y la trazabilidad de los combustibles.
Entre las tareas que tendrá la comisión se incluye la recomendación de auditorías para detectar redes de contrabando y otras irregularidades, así como identificar a los responsables de dichas fallas. También podrán solicitar la asistencia de expertos y realizar evaluaciones a todos los procesos relacionados con el manejo de combustibles.
El Decreto Supremo 5697 establece que todo el personal de YPFB deberá proporcionar la información que la comisión requiera, y el incumplimiento de esta obligación podría acarrear responsabilidades legales. Además, se especifica que no se generarán costos adicionales para el Tesoro General de la Nación, ya que los gastos serán cubiertos por los presupuestos de las entidades que forman parte de la intervención.
