La burocracia como factor crítico en la crisis de combustibles en Bolivia
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano ha manifestado que la burocracia excesiva en los procesos de importación de diésel y gasolina está intensificando la crisis de combustibles en Bolivia. Sugiere la implementación de nuevas normativas mediante un decreto supremo que permita agilizar la importación y comercialización de estos productos por parte del sector privado.
Santistevan plantea que se debe establecer un mecanismo más expedito para que el sector privado pueda importar combustibles, eliminando la duplicidad de trámites y controles que, según él, están elevando los costos y abriendo la puerta a posibles actos de corrupción. En este sentido, recomienda que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) asuma la responsabilidad de autorizar y supervisar la importación de diésel y gasolina.
De acuerdo a su interpretación de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos, la participación de YPFB en diversas etapas de la importación podría generar mayor burocracia, lo cual no beneficiaría al sector. Asimismo, menciona la Ley N° 466 de la Empresa Pública, que determina las atribuciones de regulación y fiscalización para la ANH en el sector hidrocarburos.
Entre las medidas que propone, destaca la suspensión de aranceles, impuestos y otros gravámenes sobre la importación de combustibles, argumentando que estos costos adicionales, junto a la fluctuación del dólar y el precio internacional del petróleo, encarecen el proceso de importación y limitan la competitividad del sector.
Además, Santistevan cuestiona la inclusión de diésel y gasolina en la lista de sustancias controladas, sugiriendo que la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) no debería intervenir en los procesos de autorización y fiscalización. Según su razonamiento, estas funciones deberían recaer exclusivamente en la ANH, que podría utilizar información relevante para evitar desvíos hacia actividades ilícitas.
El jurista también se refiere al Decreto Supremo 5619, que regula el control de calidad de los combustibles, señalando que ha incrementado la carga burocrática para el sector privado. Sugiere que la ANH centralice los controles de calidad a través de mecanismos más ágiles, como certificados de origen y verificaciones in situ.
Santistevan concluye que es esencial distinguir entre la importación de combustibles por parte de empresas privadas y las operaciones de YPFB, destacando que la reducción de trámites innecesarios y la mejora de las condiciones para la importación privada son fundamentales para resolver la crisis de abastecimiento que enfrenta el país.
