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  • SOCIEDAD
  • Por Marlene Fuertes

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas en su día

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha reiterado su dedicación a la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígena originario campesinos. La institución subraya que tanto la Constitución Política del Estado como los tratados internacionales en materia de derechos humanos son pilares fundamentales para garantizar estos derechos, tanto individuales como colectivos.

La Constitución establece derechos esenciales como la libre determinación, la identidad cultural, la territorialidad, el autogobierno y la consulta previa, libre e informada, además del respeto hacia las instituciones y sistemas propios de las comunidades indígenas. Estos derechos son reforzados por el Convenio N.º 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos internacionales.

En su pronunciamiento, la Defensoría destaca avances significativos, como la Ley N.º 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originario en Situación de Alta Vulnerabilidad y su correspondiente Decreto Supremo Reglamentario N.º 4793, que buscan asegurar la existencia cultural y territorial de aquellos pueblos que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad.

Sin embargo, existen desafíos estructurales que amenazan el ejercicio pleno de los derechos colectivos, tales como los incendios forestales, la deforestación, la expansión de actividades extractivas y la minería ilegal, así como el tráfico de tierras y la contaminación de fuentes hídricas. Estas situaciones comprometen la vida, la salud, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades indígenas.

La Defensoría del Pueblo manifiesta particular preocupación por los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, así como por aquellos en aislamiento o contacto inicial, quienes requieren una protección especial que respete los principios de no contacto y autodeterminación.

En este contexto, se insta a las autoridades estatales a fortalecer la implementación de la normativa vigente, prevenir invasiones y actividades ilegales en territorios indígenas, y garantizar la consulta previa e informada. También se hace un llamado a consolidar políticas públicas interculturales en áreas como la salud, la educación, y la protección del medio ambiente.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reconoce la importancia histórica de las más de 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos en la construcción del Estado Plurinacional, así como en la conservación de la biodiversidad y el resguardo de los saberes ancestrales. La protección de sus derechos es una obligación constitucional y una responsabilidad de toda la sociedad boliviana.