Reforma en Chile busca establecer un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado

Este lunes, el presidente chileno, José Antonio Kast, anunció un ambicioso proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo establecer un nuevo estado de excepción para hacer frente al crimen organizado. La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que también contempla la implementación de regímenes penitenciarios diferenciados y la creación de un listado de organizaciones criminales y terroristas.
Durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de La Moneda, Kast destacó la urgencia de esta reforma, indicando que es vital incorporar estas medidas en la Carta Fundamental del país. "El combate al crimen organizado y al terrorismo debe ser una prioridad que trascienda gobiernos", expresó, subrayando que la actual crisis de seguridad en Chile no se puede atribuir únicamente a acciones de administraciones anteriores.
El nuevo estado de excepción podría ser aplicado en áreas específicas que han sido gravemente afectadas por delitos, inicialmente en los 50 barrios donde ya se han realizado intervenciones policiales. En la actualidad, se mantiene un estado de excepción en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío, renovado continuamente desde 2022 debido a persistentes episodios de violencia. Esta figura legal permite el despliegue de fuerzas militares con mayores recursos y atribuciones para mantener el orden público.
A diferencia de naciones vecinas como Bolivia o Perú, Chile no es un país productor de drogas, sino que se ha convertido en un destino y un importante punto de distribución hacia Asia, Europa y Estados Unidos, facilitado por su extensa red de puertos.
El fenómeno del crimen organizado ha ido en aumento en los últimos años, estableciéndose en diversas actividades ilegales, lo que representa una de las principales preocupaciones del gobierno chileno actual.