Transportistas en alerta: 48 horas al Gobierno por falta de diésel
La presión sobre el Gobierno boliviano se intensifica, ya que la Confederación del Transporte Libre se encuentra en estado de emergencia y ha otorgado un ultimátum de 48 horas al Ejecutivo para que atienda sus demandas. Estas reclamaciones están principalmente relacionadas con el desabastecimiento de diésel, lo que ha llevado a los transportistas a considerar acciones de protesta que incluyen la posibilidad de bloquear carreteras a nivel nacional.
Los transportistas informan que la escasez de combustible ha reducido en un 50% la operatividad de los servicios de carga e interdepartamental, lo que ha generado pérdidas significativas y complicaciones en el cumplimiento de sus rutas. Además, han solicitado medidas urgentes para el mantenimiento de carreteras y la apertura del mercado del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, así como el cumplimiento de compromisos que el Gobierno había asumido anteriormente.
Entre las preocupaciones del sector se incluye el posible retiro de la subvención a los carburantes, un aspecto que se enmarca dentro de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional para los primeros meses de 2027. En caso de que los combustibles se ajusten a los precios internacionales, los transportistas han advertido que procederán a un incremento inmediato de las tarifas del transporte en todo el país.
Protestas conjuntas de transportistas y maestros
La jornada del martes 15 de septiembre verá la participación del magisterio urbano en las protestas. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana ha convocado a una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías, en la que participarán sus 31 federaciones en rechazo a las políticas económicas, sociales y educativas del Gobierno. Entre sus principales exigencias están el abastecimiento de combustibles, un aumento salarial, la recuperación del poder adquisitivo y la anulación de varios decretos supremos.
A medida que los transportistas y maestros se preparan para manifestarse, el Gobierno se enfrenta a un nuevo desafío ante la crisis de suministros de combustible y el deterioro del poder adquisitivo de la población. Esta situación pone de manifiesto la creciente insatisfacción social y la necesidad de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
