Transportistas pesados plantean plazo de 15 días al Gobierno por desabastecimiento de diésel
La escasez de diésel sigue siendo un problema crítico para los sectores productivos y de transporte en Bolivia. A pesar de los compromisos del Gobierno, las filas en las estaciones de servicio no disminuyen, generando un clima de preocupación entre los transportistas.
El sector de transporte pesado, tanto nacional como internacional, ha dado un plazo de 15 días al Ejecutivo de Rodrigo Paz para que presente soluciones efectivas ante la crisis de combustible y el deterioro de las carreteras. En caso de no recibir respuesta, los transportistas advirtieron que tomarán acciones de fuerza.
Domingo Ramos, líder del sector, denunció que esta es la cuarta carta enviada al presidente y exigió la realización de una inspección técnica de las carreteras, que incluya la presencia de un notario de fe pública. Los transportistas piden respuestas claras a sus solicitudes y advierten que, si la situación persiste, se declaran en quiebra y dejarán de pagar peajes y otras deudas.
Además, se baraja la posibilidad de iniciar acciones legales contra funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos por posible incumplimiento de deberes, al no haberse concretado los acuerdos establecidos con el sector.
Se estima que en Bolivia operan más de 12.000 transportistas y cerca del 60% de ellos se encuentra afectado por la falta de diésel. La Defensoría del Pueblo ha instado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos a proporcionar información sobre las medidas a adoptar para regularizar el abastecimiento, dado que las respuestas hasta ahora han sido insuficientes.
En un contexto de crisis, la Policía también reportó la incautación de 5.000 litros de diésel que eran transportados de forma ilegal hacia Guanay. El camión que trasladaba el combustible fue detenido en Caranavi y su conductor, quien no contaba con la documentación necesaria, fue aprehendido y el caso fue derivado al Ministerio Público para esclarecer el destino del combustible, que podría estar relacionado con minería ilegal o contrabando.
Los transportistas continúan en alerta y esperan que el Gobierno los convoque para dialogar, antes de que se tomen medidas más drásticas.
